Violencia sexual, militares y justicia civil
Por Fabiola López Sosa
Elementos del ejército mexicano han participado en múltiples ocasiones en violaciones sexuales contra mujeres sin que la edad de las víctimas sea impedimento alguno, tanto niñas como adolescentes, mujeres jóvenes y/o ancianas han sido abusadas con consecuencias físicas y psicológicas lamentables: embarazos, enfermedades de transmisión sexual, abortos, miedo, inseguridad y hasta la muerte.
A esto se debe agregar la condena social impuesta a estas mujeres agredidas violentamente, por lo que en muchos casos prefieren guardar silencio para no ser señaladas y/o despreciadas por su comunidad, pues los prejuicios y estigmas las seguirán culpando de por vida debido a la cultura patriarcal y machista que impera.
Los sobornos, las amenazas, las persecuciones, el hostigamiento y las agresiones por parte de militares y/o sus familiares y amigos contra las víctimas directas e indirectas, para callar la denuncia, también se han convertido en un ejercicio constante.
Los hechos relatados por quienes se han atrevido a denunciar dan cuenta de la brutalidad con que son tratadas y el desprecio y misoginia de los agresores, protegidos por las altas esferas del poder. La impunidad que acompaña estas prácticas violatorias de todo derecho ha permitido que a lo largo y ancho del territorio nacional se siga torturando a mujeres y niñas con una clara intención de lacerar el tejido social, pues sus cuerpos, su sexualidad y su capacidad de dar vida las han convertido en víctimas propiciatorias para lastimar a la población y reprimir levantamientos sociales, principalmente en comunidades indígenas, donde la presencia militar se ha vuelto permanente.
Organismos nacionales e internacionales han manifestado abiertamente su preocupación por la indiferencia de las autoridades mexicanas para atender los reclamos de justicia de las víctimas y han señalado, en algunos casos, a los responsables directos de las violaciones sin que hasta el momento hayan sido castigados, por el contrario, se les ha protegido bajo el fuero militar.
Así, el gobierno de México se ha hecho acreedor a una serie de recomendaciones y observaciones internacionales encaminadas a prevenir la violencia contra las mujeres y a la impartición de justicia, entre las que destacan algunas de las emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que a la letra dicen:
“El Comité insta al Estado Parte a que adopte sin demora todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia perpetrada contra la mujer por cualquier persona, organización o empresa, así como a la violencia cometida por agentes estatales, o derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles... El Comité insta al Estado Parte a mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y a garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección... El Comité recomienda al Estado Parte proporcione la asistencia económica, social y psicológica necesaria a las víctimas de estos delitos.”18
No obstante, los compromisos internacionales adquiridos por el gobierno mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres, pocas veces son cumplidos a cabalidad, ya sea por la falta de interés o por desconocimiento de los instrumentos internacionales por parte de los servidores públicos quienes están obligados a cumplirlos. Sin embargo, su ignorancia no los exime de responsabilidades.
En el año 2004, Amnistía Internacional presentó su informe titulado “México, mujeres indígenas e injusticia militar”, en el que se hace una serie de recomendaciones al gobierno mexicano, enfatizando la reforma al artículo 13 Constitucional19 y a los artículos 3720 y 57, fracción II, inciso a)21 del Código de Justicia Militar para que:
“las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar, ya se encuentre en servicio activo o no, sean investigadas y juzgadas por tribunales civiles. Garantizar en la legislación que el ejército esté separado de las funciones policiales de mantenimiento del orden público. Ejercer la diligencia debida en la investigación de los informes de violencia sexual contra las mujeres, incluyendo el castigo de los responsables, el resarcimiento a las víctimas y la prevención del delito. Establecer garantías efectivas para permitir que las víctimas denuncien a los autores de la violencia sexual; esas garantías deben incluir una protección eficaz para las denunciantes, las supervivientes y los testigos”.22
Por primera vez en la historia de México, ocho militares pertenecientes al 14 Regimiento de Caballería Motorizada, destacamentados en el municipio de Muzquiz, Coahuila; fueron juzgados por un tribunal civil al haber violado a 14 trabajadoras de la zona de tolerancia en el municipio de Castaños, en la madrugada del 11 de julio de 2006, así como por haber agredido físicamente a seis policías, entre otros ilícitos.
La condena a estos hombres –el subteniente Norberto Vargas, el sargento segundo Juan José Gaytán Santiago, el cabo Norberto González Estrada y los soldados Ángel Antonio Hernández Niño, Rosendo García Jiménez, Fernando Madrid Guardiola, Omar Alejandro Rangel Fuentes y Casimiro Ortega Hernández–, se esperaba, fuera acorde a los hechos, una sentencia apegada al derecho y no una “salida política” como quedó evidenciado al ser absueltos del delito de violación cuatro militares a pesar de existir suficientes pruebas en su contra.23
Los cuatro restantes fueron condenados a 41 años cuatro meses, 31 años 8 meses, 21 años y 3 años ocho meses respectivamente, por el juez de primera instancia en materia penal, Hiradier Huerta Rodríguez,. Sin duda, este hecho sentará precedente a pesar de que se trata de una justicia a medias, pues son 20 los militares señalados por las víctimas, de los cuales tres se encuentran prófugos –Ricardo Hernández, Baldomeano Hernández García y José Raúl Ramírez–, uno más –Héctor Méndez de la Cruz– fue liberado sin el debido proceso y ahora se encuentra también prófugo de la justicia; a los ocho restantes, aunque identificados por las víctimas, no han sido responsabilizados.
La presión ejercida por la sociedad civil de Coahuila, el apoyo de la Arquidiócesis de Coahuila –el obispo Raúl Vera López como figura activa durante todo el proceso–, el gobierno estatal, así como voces en el extranjero y al interior de la República, jugaron un papel fundamental para que los militares fueran juzgados y condenados, pese a las constantes amenazas dirigidas a las mujeres para retirar los cargos.
El 21 de septiembre del presente año, José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer la recomendación 37/2007 relacionada con los hechos ocurridos en Castaños, Coahuila.24 En total son nueve recomendaciones al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el sentido de iniciar procesos administrativos contra los militares señalados por las 14 mujeres como sus agresores. Asimismo pide su colaboración para detener a los tres militares prófugos, la reparación del daño a las víctimas, capacitación al personal de tropa, jefes y oficiales del Ejército Mexicano, sobre el “trato que deben dar a las mujeres”.
Al gobernador de Coahuila, le fueron extendidas cinco recomendaciones en las que se le solicita se inicie, integre y determine una averiguación previa por el delito de aborto causado a una de las mujeres debido a la violación, así como las correspondientes por los presuntos delitos de tortura y se inicie procedimiento administrativo contra el médico perito adscrito de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila y contra el agente investigador de Castaños por omitir información y por irregularidades en la integración de las averiguaciones previas.
Finalmente, al Presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado se le hizo una recomendación para que investigue la tolerancia de celdas anexas a salones, bares y cantinas por parte del Presidente Municipal.
Estas recomendaciones emitidas por Soberanes no dejan de ser “tibias” y de forma tácita reitera que es la vía militar la que debe hacerse cargo de juzgar a los miembros del ejército que cometan violaciones a los derechos humanos, incluidas por supuesto, las violaciones sexuales contra mujeres.
El ejército no debe estar fuera de los cuarteles haciendo labor policíaca. La militarización del país está en marcha, el “combate al narcotráfico” es el pretexto inicial para continuar la ola de represión que los gobiernos anteriores iniciaron, las violaciones a los derechos humanos son una condición inminente para que esto se lleve a cabo y lamentablemente, la institución encargada de velar por la defensa y protección de los ciudadanos, ha perdido toda credibilidad al avalarlas.
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