Boletín de prensa 2.

Informe 2008.

Seguimiento a las recomendaciones del Comité CEDAW en el Estado de Chihuahua y el municipio de Juárez

El Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres (OCDM), de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), presenta el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Comité CEDAW, en el Estado de Chihuahua y el municipio de Juárez. El Informe 2008 da cuenta de los resultados derivados del monitoreo a 18 dependencias del gobierno estatal y 13 del gobierno municipal.

El Capítulo 4 del Informe 2008, describe el seguimiento a las recomendaciones del Informe de México producido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención CEDAW, correspondiente a los casos de violación grave y sistemática de derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nuestra investigación, a través de solicitudes de información, constata opacidad, simulación y negligencia como resultado de la  información proporcionada por las dependencias estatales. Existen múltiples irregularidades que arrojan datos incompletos, parciales y manipulados.

Por ejemplo, el informe de respuesta  elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJCh) que da contestación a las solicitudes de información elaboradas por el Observatorio. La PGJCh distribuye un informe-tipo a las demás dependencias estatales, con el  a fin de que lo adapten a sus actividades, dando como resultado que  todas las dependencias respondan con el modelo establecido por la propia Procuraduría. Es decir, que ha sido la PGJCh la encargada de coordinar todos los procesos de respuesta relacionados con las recomendaciones presentados por organismos internacionales para Ciudad Juárez.

Como sucedió a nivel federal, las instituciones públicas del Estado de Chihuahua, consideran que no es de su competencia dar seguimiento y cumplir con las recomendaciones internacionales del Comité CEDAW, por eso canalizan la responsabilidad a la PGJCh, al Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHMujer) y a la SRE e INMUJERES. Tal es el caso del Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL) y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

Así, más que favorecer el cumplimiento de las recomendaciones del Comité CEDAW para Ciudad Juárez, las dependencias del gobierno estatal tienen procedimientos sistemáticos de evasión y negligencia ante sus responsabilidades en materia de feminicidio. Simulación y negación favorecen la impunidad en este caso.

Así, se contravienen tres grandes recomendaciones del Comité CEDAW; la primera que ordena al Estado mexicano coordinarse a nivel federal, estatal y municipal para atender el fenómeno de feminicidio en Ciudad Juárez. La segunda, tiene que ver con la obligación de México y sus representantes, de proporcionar de manera rápida, información amplia y transparente sobre todas las medidas tomadas para atender el fenómeno, para crear confianza y posibilitar la cooperación de diversos sectores e instituciones de la sociedad civil. Y la tercera que menciona la responsabilidad de Estado de asegurar un medio ambiente sano y seguro para las mujeres, además de reconstruir el tejido social fracturado por el fenómeno de feminicidio.

Por su parte, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH) mintió al OCDM, al asegurar que contaba con información sobre la difusión de las recomendaciones del Comité CEDAW; sin embargo, cuando se le pidió el envió de la misma, canalizó la solicitud a la SEC argumentando que no contaba con la información solicitada, ya que en ningún momento se la comunicó o entregó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Otro caso grave es la respuesta de la Representación del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, quien afirmó no ser competente para conocer las recomendaciones en torno al feminicidio en Ciudad Juárez declarándose incompetente para dar seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones del Comité CEDAW. Asimismo, las 13 dependencias municipales, a las que da seguimiento el OCDM, declaran la inexistencia de tal información en torno a la difusión de las recomendaciones.

Las instituciones estatales, también caen en  contradicciones en sus respuestas, pues por un lado  declaran no ser competentes para atender las recomendaciones internacionales sobre el informe del feminicidios en Ciudad Juárez y, por otro, aseguran tener en su organigrama áreas de género que pueden dar seguimiento a las recomendaciones, además de contar con información que podría integrar informes para mecanismos internacionales, en torno al fenómeno. Tal es el caso del Instituto Chihuahuense de la Juventud (ICHIJUV), Secretaría de Desarrollo Municipal (SDM), Secretaría General de Gobierno (SGG), Secretaría de Finanzas (SF), ICHISAL, SEC, Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE),  Secretaría Particular de Despacho del C. Gobernador y Representación del Gobierno de Ciudad Juárez.

Sobre la abrogación de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez

Existe un proyecto de Decreto que abroga a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) creado en 2004 para atender una prioridad nacional: las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres ocurridas en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

La instauración de esta Comisión en la SEGOB obedece a la importancia y trascendencia del problema.  No se debe olvidar que ésta Comisión surge de la obligación de México para atender las recomendaciones específicas nacionales e internacionales para ciudad Juárez, como las establecidas en el Informe de México producido por el Comité CEDAW, bajo el artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención.  Por lo tanto, su desaparición marca un retroceso en las acciones del gobierno para la erradicación, prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el Ciudad Juárez.

Si bien, se ha visibilizado la problemática en todo el país, creemos que el caso de Ciudad Juárez no debe minimizarse, ni darle soluciones generales; por el contrario, el proceso del fenómeno nos ha demostrado que no se ha podido resolver de manera satisfactoria,  principalmente por dos factores: la negligencia y la impunidad.

Manifestamos nuestra preocupación por el nombramiento de la nueva titular de la Comisión para Ciudad Juárez, Ma. Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero, quien se desempeñó como Presidenta de la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios en el País, de la Cámara de Diputados, dado que no ha rendido cuentas sobre sus acciones, ni sobre el presupuesto que ha ejercido durante su desempeño en la Comisión Especial. Manifestamos que en este proceso no se consideró la participación de la sociedad civil para la designación de la titular.

Más aún, nos alarma que el Gobierno pretenda desaparecer la Comisión para Juárez y deje de lado los más de 30 informes sobre el caso y las 63 recomendaciones derivadas de los mecanismos internacionales extendidas  al gobierno de 2000 a 2006.