Mesa 5.

Políticas públicas con perspectiva de género.  Experiencias

Esta mesa tuvo la participación de Julia del Carmen Chávez Carapia, coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer de la  Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y de María Vallarta de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM.  La moderación estuvo a cargo de Karime Suri Salvatierra del CEIICH, UNAM.

Julia Carapia abordó el tema de la democracia en el Estado moderno, entendiéndose ésta como una forma de gobierno, una manera de ejercer el poder político y específicamente su práctica por medio de los representantes del pueblo, en la formación de la voluntad colectiva. Es también el conjunto de derechos sociales y humanos para participar en la vida política y social. En la esfera política, la democracia toma en cuenta al individuo como ciudadano con derechos y obligaciones y, en la esfera social, considera los roles que se desempeñan en la relación social, con el mercado y el papel en las relaciones sociales de producción. Asimismo, la democracia en la esfera social se encuentra también en la interrelación de la vida cotidiana, en el ser social como: padre, madre, hija(o), trabajador(a), estudiante, profesionista, joven, anciana(o), productor(a), consumidor(a), etc.

En la democracia, abundó Julia Carapia, existe una relación necesaria entre el estado representativo, la definición de un territorio y  una población, elementos que conforman la nación y dan lugar a los estados nacionales y a la identidad nacional.  En este sentido, cuando se habla de democratización se hace referencia a la institucionalidad de la vida social y el ejercicio de procedimientos,  que permiten la participación de los y las ciudadanas, en  los diferentes ámbitos  de lo sociopolítico. Esta participación es vista como eje de la democracia y una dimensión del mundo de la vida.  Igualmente, es una forma de expresión de la acción colectiva y de la solidaridad entre los sujetos y finalmente, es una dinámica de interrelación e interacción con las formas de gobierno, que demanda respuestas a las diferentes necesidades sociales, como el incremento de la calidad de vida, la perspectiva de género en la vida social y política, el desarrollo social, entre otras.

El poder político del Estado es legal y por su función social deberá ser también legítimo. Las decisiones políticas están determinadas por los intereses económicos y por el control de los grupos de poder.  Así, las decisiones políticas del Estado también están influidas por la dinámica y correlación de fuerzas de la sociedad civil. Por lo tanto, la acción política del estado es el resultado de todas las acciones y reacciones relevantes, externas e internas, de la participación y  cooperación del núcleo de poder, los que apoyan ese núcleo y los que se oponen a él.

En este sentido Julia Carapia plantea la siguiente cuestión: ¿Cómo impulsar las políticas públicas con perspectiva de género? Y responde que se deben conformar nuevas dimensiones: políticas públicas no sólo políticas sociales; presupuesto con perspectiva de género no sólo gasto público; desarrollo social, no sólo crecimiento económico y participación social y política independiente del Estado y no clientelar.

Considerando que la vida social es dinámica, se transforma y cambia constantemente, que la sociedad es una construcción humana y por lo tanto cambiante, que la democracia exige la participación de todos en la construcción de un mundo en el cuál todos tengamos los mismos derechos y seamos iguales jurídicamente, que las mujeres somos más del 50% de la población mundial y queremos la igualdad y por lo tanto los mismos derechos que los hombres, las mujeres demandamos la equidad, queremos un mundo compartido con los hombres, queremos ser visibles. 

De esta manera, las movilizaciones y luchas femeninas dieron lugar a que el Estado legislara sobre el derecho al voto para las mujeres, la protección de las mujeres y madres trabajadoras, el derecho a la educación formal, la participación pública con perspectiva de género, etc.   También es gracias a la participación política de las mujeres que hoy en día se puede hablar de políticas públicas con perspectiva de género. Ejemplos de lo anterior son la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se protege el derecho a una vida libre de violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, garante de los derechos a la igualdad y equidad y la Ley sobre el aborto en la Ciudad de México, que consagra el derecho a decidir sobre el cuerpo.

Dentro de la Administración Pública Federal se han implementado distintas políticas públicas con perspectiva de género, entre las que se pueden mencionar:  el Plan Nacional de Desarrollo (2000 y 2007), específicamente en la política a través de la creación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las mujeres (PROIGUALDAD), el cual depende del INMUJERES.  Dentro de SEDESOL se encuentran el Programa de apoyo a las instancias de mujeres en entidades federativas para implementar y ejecutar programas de prevención a la violencia contra las mujeres y el Programa de guarderías y estancias infantiles para apoya a madres trabajadoras. En la Secretaría de Salud se encuentra el Programa Género y salud reproductiva.  En la Secretaría de Gobernación, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez. La SEP cuenta con el Programa de Capacitación para prevenir la violencia, la SEDENA recibe capacitación en perspectiva de género. Dentro del Poder Legislativo se encuentra la Comisión de Equidad y Género y en el sector público se ha insertado la categoría de género en los programas públicos.

A continuación se presenta el monto del presupuesto etiquetado para gasto con mujeres con relación al PIB.

Con estos montos, estipuló Julia Carapia, es imposible dar respuesta política a la necesidad de implementar una política pública con perspectiva de género. Se requiere un presupuesto con perspectiva de género que apoye y financie las políticas públicas en todos los sectores de la administración estatal  y no sólo un gasto etiquetado para mujeres, como sucede actualmente en la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal.  Aunque, no pueden desdeñarse los avances, aún falta mucho para que la política pública nacional haga realmente visible a las mujeres y para que tengamos políticas públicas con perspectiva de género desde una realidad social y no sólo como indicador de desarrollo.  

Por su parte, María Vallarta inició su presentación con la siguiente definición de políticas públicas: “El Estado tiene una función reguladora en la sociedad y se ocupa, entre otras cosas, de la distribución del ingreso y de la equidad. La manera en que actúa el Estado es por medio de políticas públicas que se pueden entender como programas de acción del gobierno en un determinado sector”. Su aplicación está en función de las prioridades políticas en un momento determinado, lo que se va a convertir en acciones y presupuestos definidos.

Siguiendo esta línea, se tiene que la perspectiva de género en las políticas públicas²⁵ trata de identificar los estereotipos que existen en determinada sociedad y reconocer las inequidades que se dan basadas en estos prejuicios. Una vez reconocidas, buscar maneras de corregirlas. En este sentido, al hablar de políticas públicas con perspectiva de género se está hablando de acciones concretas encaminadas a atender las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, reconociendo las inequidades que existen basadas en el género.

En este punto, María Vallarta enfatizó que no se trata de políticas públicas únicamente para mujeres, ya que al incorporar la perspectiva de género en una política pública se transversaliza, es decir, atraviesa todas las políticas, por lo tanto, no existe una política pública que no tenga que ver o no tenga un impacto en mujeres y hombres. A continuación dio un ejemplo de como una política pública aparentemente neutral puede tener un impacto diferenciado en hombres y mujeres.

En la década de los 80 en América Latina, se contrajo el gasto social, aparentemente esta reducción no fue en perjuicio de las mujeres, sin embargo, por las condiciones y los roles de género, al haber menos guarderías disponibles, menos hospitales disponibles, las mujeres asumieron el cuidado de los niños y los enfermos, lo que representó una mayor carga de trabajo a la que, paradójicamente, se le asignó menor valor económico.

En el caso particular de México, María Vallarta dio algunos antecedentes de políticas públicas con perspectiva de género, no sin antes aclarar que si bien en nuestro país no se puede hablar de que existan políticas públicas con perspectiva de género, sí se debe reconocer que se está trabajando en ello.  De esta forma señaló que en 1980 surgió el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo, en el que se reconoce la importancia del trabajo de las mujeres y de incorporarlas al desarrollo. En 1985 aparece la Comisión para coordinar actividades y proyectos sectoriales. 1993 es el año en el que el Comité Nacional Coordinador elabora un informe sobre la situación de las mujeres.  En 1995 surgió el Programa Nacional de la Mujer conocido como PRONAM.  En año 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres y de 2001 a 2006 se trabajó con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (PROEQUIDAD). No obstante, siguiendo la tendencia internacional se cambió el nombre de PROEQUIDAD por el de PROIGUALDAD, que es el Programa actual.

Éste Programa, explicó María Vallarta, está formulado para dar cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, de acuerdo a información del Gobierno Federal, está basado en las recomendaciones del Comité CEDAW en materia de igualdad. Para su elaboración, el PROIGUALDAD se basó en un diagnóstico de la situación de las mujeres en el país con datos de encuestas nacionales en diferentes temas como salud, educación, acceso al poder, participación política, entre otros.

Su objetivo es la transversalización de la Perspectiva de Equidad de Género (PEG), es decir, el proceso que permitirá garantizar la incorporación de la PEG en cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas.

Como objetivos estratégicos, el PROIGUALDAD señala los siguientes:

1. Institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la Administración Pública Federal, y construir los mecanismos para contribuir a su adopción en los poderes de la unión, en los órdenes de gobierno y en el sector privado.
2. Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación, en el marco del estado de derecho.
3. Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la protección civil.
4. Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
5. Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género.
6. Potenciar la agencia económica de las mujeres a favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo.
7. Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y representación en espacios de toma de decisión en el Estado y consolidar la cultura democrática.

Al comparar el PROEQUIDAD con el PROIGUALDAD se advierten diferencias importantes, como el hecho de que éste último establezca sus propios indicadores de evaluación, lo que facilitará a las académicas, ciudadanas, sociedad civil en general, medir y cuantificar el progreso que va teniendo realmente el gobierno. Para cada uno de los objetivos existe un indicador, una unidad de medida, línea base, meta y fuente.

En este punto, María Vallarta, realizó un análisis y explicó cómo es que la perspectiva de género se va ligando con los instrumentos internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres y por consecuencia con las políticas públicas.  En este sentido, utilizando el siguiente esquema ejemplificó ésta relación.

En la base se encuentra la Convención CEDAW, ésta se retoma y pasa al Gobierno Federal con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Plan Nacional de Desarrollo se concreta en el PROIGUALDAD. Éste programa tiene objetivos generales, cada uno de los cuales cuenta con una estrategia y acciones, mismas que deben ir acompañadas de un presupuesto propio.

Un ejemplo muy concreto para explicar lo anterior es si tomamos el objetivo estratégico 1 que dice: Institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la Administración Pública Federal, y construir los mecanismos para contribuir a su adopción en los poderes de la unión, en los órdenes de gobierno y en el sector privado.  La Estrategia correspondiente a este objetivo es 1.1 Impulsar y orientar la planeación, presupuestación y evaluación de las políticas públicas en favor de la igualdad y la equidad de género. Sobre este punto María Vallarta enfatizó que ha sido el avance del movimiento feminista lo que ha permitido visibilizar en un programa nacional la necesidad de ver la programación del presupuesto con un enfoque de género y la transversalización.  Siguiendo con el ejemplo, la línea de acción es 1.1.1 Incorporar en la ejecución de los programas sectoriales y especiales, las medidas de carácter temporal y los enfoques de política de equidad que sean necesarios para lograr los objetivos de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los ámbitos económico, político, social y cultural.  Cabe mencionar que ésta es sólo una de muchas líneas de acción, pero se debe ir de lo particular a lo general.

Asimismo, María Vallarta compartió el trabajo que se está llevando a cabo dentro de la UNAM para incorporar la perspectiva de género en la Defensoría de los Derechos de los Universitarios.  Comentó que si bien, la UNAM cuenta con un fundamento jurídico, está sujeta a la Constitución Política, a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos como la Convención CEDAW y demás ordenamientos jurídicos.  En este sentido, en el Estatuto General de la UNAM²⁶, en el artículo 2º se lee: “… En todos los casos las mujeres y los hombres en la Universidad gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, reconocidos y garantizados por las normas y disposiciones que integran la Legislación Universitaria”.  Este artículo es muy parecido al artículo 4º constitucional donde se reconoce que hombres y mujeres son iguales.

La Defensoría de los Derechos Universitarios se creó en 1985 y tiene como tarea principal atender quejas y dar asesoría a los académicos y estudiantes de la UNAM contra actos de autoridad.  De esta manera, éste órgano universitario tiene el enorme reto de incorporar la perspectiva de género en su trabajo diario. Tardíamente, reconoció María Vallarta, en el año 2006 se comenzaron a desagregar los datos por sexo, es decir, anteriormente a este año, no se había visto la necesidad de saber cuántas mujeres y cuántos hombres presentan quejas, así como el motivo de las mismas, el trato que reciben en la Defensoría, cómo son atendidas las quejas, etc., es decir, que al igual que las demás políticas públicas se debe iniciar con un diagnóstico de la situación.

María Vallarta comentó que como una acción importante para la Defensoría, solicitaron al Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM (PUEG) un taller de sensibilización en la perspectiva de género dirigido a todo el personal, no obstante, reconoció que esto está lejos de ser suficiente, pero se está en proceso de aprendizaje y aplicación.  Asimismo reconoció que se está trabajando para impulsar dentro de la universidad, a partir de la Defensoría, un cambio que indefectiblemente implica un cambio en la legislación universitaria, así como cursos de sensibilización entre otras acciones encaminadas hacia una mayor igualdad de género en la Universidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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