PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ECUADOR

No. 1527
FABIAN ALARCON RIVERA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINO DE LA REPUBLICA


CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política del Ecuador considera como el más alto deber del Estado el respeto, la defensa y promoción de los derechos humanos.

Que la Carta Fundamental reconoce las declaraciones y convenciones internacionales sobre derechos humanos.

Que en el seno de  los Organismos Internacionales, los Estados establecen mandatos y mecanismos jurídicos tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Proclamación de Teherán y la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993.

Que los Derechos Humanos no se refieren únicamente a la preservación física  y emocional de las personas, sino a todo su entorno natural y a los procesos de desarrollo social y de las relaciones interpersonales, que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de la vida y del desarrollo de las potencialidades humanas.

Que la Comunidad Internacional actualmente establece la universalidad, interdependencia e integralidad de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y los derechos de los pueblos.

Que se ha declarado universalmente que la promoción y protección de los derechos humanos es obligación primaria de los Estados y que la Comunidad Internacional tiene también legitimo interés y responsabilidad sobre la materia.

Que la situación de los derechos humanos en el Ecuador en lo que se refiere a los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales se ha deteriorado sin que el Estado ecuatoriano haya logrado hasta el momento crear condiciones adecuadas  para su pleno ejercicio.

Que el Estado ecuatoriano ha reconocido la necesidad de elaborar planes y programas concretos para difundir, promover y garantizar la vigencia plena de los derechos humanos, especialmente ahora cuando se conmemoran 50 años de la Declaración Universal de 1948.

Que el ejercicio de la democracia en un Estado de derecho exige la participación de la sociedad civil en la organización y desarrollo de todas las acciones que permitan la plena vigencia de los derechos fundamentales y la garantía de su cumplimiento; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución y la Ley

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