La contribución del proyecto radica ofrecer información medible, rigurosa y sistemática de la situación de los derechos de las mujeres en los diversos ámbitos con identificación de los obstáculos y responsabilidades de las instituciones del Estado, desde la situación de la violencia que incluye los feminicidios y las desapariciones, hasta los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos políticos electorales y la obligación que tiene el Estado mexicano de formar a sus servidores y servidoras públicas en materia de género y derechos humanos.
Generar esta bases metodológicas sólidas, con herramientas cualitativas y cuantitativas prácticas como son los indicadores de resultados, su uso para medir el grado de cumplimiento y utilizar estas herramientas en informes sombra que se envían al Comité CEDAW y que son retomados para realizar las recomendaciones que el Estado mexicano debe cumplir, han sido resultados favorables que hemos logrado con el apoyo de los Proyectos PAPIIT en 2012 y 2018, que se deben seguir trabajando para 2020 y 2022.
La rendición de cuentas en materia de derechos humanos es fundamental para continuar demandando y exigiendo que se cumplan y respeten los derechos de las mujeres, con información sustentada en la realización de Informes sombra desde la academia, es por ello también debemos continuar con la implementación de la plataforma virtual CEDAW, estas dos herramientas permitirán que las y los tomadores de decisiones, la academia y la sociedad civil tengan una herramienta de referencia para incidir en la políticas públicas relativas a las mujeres a nivel nacional y en sus alcances a nivel internacional en materia de derechos humanos, su aplicación se verá reflejada en la presión que internacionalmente los mecanismos hacen al gobierno y que desde la sociedad civil y las Instituciones de Educación Superior realizan a nivel nacional en los tres niveles de gobierno, en las políticas y legislaciones discriminatorias, ante las violencias y a favor del acceso a la justicia, como se logró en 2012 y en 2018 con las recomendaciones, las cuales fueron mayormente determinadas por los informes sombra que presentamos.