Por su parte el gobierno de México manifiesta en su respuesta al informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos, y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, respecto a los párrafos 64, 66, 70 y 72, lo siguiente:

* “64. El Gobierno de México promoverá ante el Congreso de la Unión, en el marco del respeto a la soberanía del poder legislativo, iniciar el debate sobre una nueva reforma constitucional en la que se discutan los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar”.

* “66. El Gobierno de la República, en el marco de respeto a la soberanía de las Entidades Federativas, promoverá ante los Gobiernos de los Estados, previa consulta con los pueblos indígenas, las reformas a sus constituciones con el fin de que se dé reconocimiento de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas”.

* “70. El Gobierno mexicano, en el marco de la división de poderes, promoverá ante el legislativo y judicial de la Federación, que los derechos establecidos en el Convenio 169 se reflejen en la legislación nacional y en su aplicación respectiva”.

* “72. El Gobierno mexicano continuará promoviendo que el Congreso de la Unión y los Congresos Estatales, cuando así proceda, ajusten las legislaciones federales y estatales, a las disposiciones del Convenio 169-OIT, en términos de lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política Federal”.

Considerando los párrafos 64, 66, 70 y 72 de las recomendaciones antes citadas, procedemos a desarrollar el análisis legislativo relativo a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en México. Se toman como punto de referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera específica el artículo 2º y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.